El pasado 9 de diciembre, organizamos un webinario junto a OCDE y el Banco Mundial con el fin de reflexionar sobre las consecuencias de la crisis del COVID-19 en América Latina y el Caribe. Se debatieron posibles herramientas para lograr una situación post pandemia más inclusiva social y económicamente.
Desde OCDE, el Dr. Rubén Maximiano destacó la importancia de las políticas de competencia como parte de la solución a la crisis. Estas serían útiles tanto para equilibrar las necesidades actuales,y a su vez, contribuirían a que los mercados tengan mayor eficiencia en su totalidad, beneficiando tanto a las grandes como a las pequeñas empresas. Por otro lado, garantizaría la igualdad de condiciones a nivel nacional y mundial.
La OCDE y el Banco Mundial sostuvieron que la política de competencia es un elemento central para que los gobiernos logren construir economías resilientes, inclusivas y sostenidas.
Según Maximiano, existen tres puntos clave donde la competencia es esencial para recuperar a América Latina de la crisis actual: los gobiernos deben implementar políticas competitivas basadas en la eficiencia; estas deben formar parte de la respuesta gubernamental a la crisis, y así dar lugar a reformas estructurales; y, los gobiernos deben empoderar y dotar de recursos a las autoridades de competencia para mantener la aplicación de las mismas y contribuir a la realización de reformas económicas.
Continuando con la puesta en común, Juliana Catania, representando a RACI, focalizó la atención en los efectos que tuvo la pandemia COVID-19 sobre la Sociedad Civil. La crisis sacó a la superficie las desigualdades estructurales previamente existentes y las limitaciones en derechos que sufren las personas en América Latina y el Caribe.
El ambiente habilitante de la Sociedad Civil, donde se desarrolla la democracia y sus libertades, se vio afectado por decisiones gubernamentales durante la pandemia a través de una fuerte restricción en el espacio cívico tanto a nivel mundial como regional.
Gracias al estudio Perspectiva Cívica realizado por el equipo de RACI, se reconoció la clara necesidad de ubicar a la sociedad civil como un actor relevante dentro de las políticas públicas. Esto se debe a datos recolectados de la encuesta como: un aumento del 57% en demandas a las OSC, un aumento de 9% en recursos de las OSC, y que el 71% de las OSC reconocen la necesidad de un mayor financiamiento y apoyo por parte del Estado.
Por otro lado, William Maloney, representando al Banco Mundial, reconoció que una de las mayores preocupaciones a largo plazo es la consecuencia de la pérdida de capital humano tras haber sido limitado el acceso a la educación por casi 2 años: a futuro la movilidad social y el crecimiento de la economía serán un conflicto tanto para los gobiernos como para la sociedad en su totalidad.
En términos de crecimiento, prácticamente la totalidad de la región aún no logró recuperar los números previos a la pandemia, y lo más preocupante es que la tasa de crecimiento para los próximos años es de un 3%, no siendo suficiente para reducir las desigualdades.
América Latina debe ser más dinámica en exportaciones y reducir la resistencia a la competencia interna. Además, se expresó la importancia de permitir la entrada de grandes empresas en la región para lograr dar impulso a las economías.
Por otro lado, todo el sistema de innovación debe ser considerado una prioridad para aumentar la productividad de las empresas y fomentar un empalme fuerte entre las universidades y el sector privado para transferir y adaptar nuevas ideas para la industria.
Tanto OCDE como el Banco Mundial expresaron su opinión sobre el rendimiento de las empresas actuales. Mientras que Maloney comentó sobre la necesidad de mejorar las capacidades gerenciales de capital humano y dar lugar a políticas de competencia; ambos destacaron la importancia de evitar la preservación artificial de sectores en declive.
Finalmente, surgió el tema del fortalecimiento de la gobernanza post-pandemia. Desde RACI se aseguró la importancia de reconocer que la crisis es tanto económica como relativa a los Derechos Humanos. La gobernanza debe fortalecerse respetando los derechos de las personas en todos los países del mundo, pero también viendo a la sociedad como creador de políticas públicas.
Desde el Banco Mundial, se consideró que existe una gran falta de legitimidad en los gobiernos de la región. La estrategia puede variar, pero todos los panelistas coincidieron en que es preciso que los gobiernos asuman como tarea la promoción de la eficiencia y la competencia.