En el resumen de mayo de 2018 del International Center for Not-for-Profit Law se trató la temática ‘Respuestas efectivas de los donantes al desafío del cierre de los espacios cívicos’. Se puede observar que de las iniciativas legales, propuestas o promulgadas, que restringen las libertades de asociación o reunión un 47% restringe la formación, el registro o el funcionamiento de las OSC; un 28% restringe la capacidad de las OSC para recibir financiamiento internacional; y otro 25% restringe la reunión pacífica.
Dentro de las nuevas tendencias que se observan, podemos encontrar:
- Restricciones digitales: Indonesia, Paquistán y Tanzania, por ejemplo, han adoptado leyes de cibercrimen y otras regulaciones que proporcionan un poder sin restricciones para monitorear y vigilar las comunicaciones electrónicas.
- Restricciones relacionadas a la transparencia: (1) requisitos onerosos para informar y divulgar información privada (por ejemplo, en Bulgaria, Panamá, Uganda); (2) divulgación obligatoria de activos privados de directores y / o funcionarios de OSC (por ejemplo, en Ucrania e India); (3) limitar la promoción pública al categorizar a las OSC como grupos de presión o activistas políticos (por ejemplo, en el Reino Unido e Irlanda); (4) divulgación de financiadores privados e internacionales (por ejemplo, en Hungría y México); y (5) disposiciones penales desproporcionadas relacionadas con el incumplimiento de los requisitos de información y divulgación (por ejemplo, en Egipto y Rusia).
- Denegar acceso a las OSC en los foros multilaterales: Las OSC y los defensores de los derechos humanos están sujetos a crecientes amenazas, intimidaciones y represalias cuando intentan hablar en foros multilaterales.
- Desacreditar las voces de las OSC en los foros multilaterales: Las ONG organizadas por el gobierno participan en foros multilaterales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Defienden las políticas de los países, intentan deslegitimar las voces genuinas de la sociedad civil y consumen tiempo, espacio y otros recursos limitados.
- Impedir la libertad de circulación: consiste en evitar que los representantes de la sociedad civil viajen al extranjero.
- Estrechar el espacio para las OING: Por ejemplo, a través de restricciones en el gasto, la misión o el registro.
- Estigmatizar a los donantes: Por ejemplo, el gobierno de Hungría ha estado llevando a cabo una campaña dirigida a la Open Society Foundation y la Universidad de Europa Central, así como a su fundador, George Soros.
Los orígenes de la represión al espacio cívico se remontan a principios del milenio actual. A lo largo de la década de 1990, las OSC gozaban de una reputación mayoritariamente positiva dentro de la comunidad internacional. Las OSC tenían importantes contribuciones como la salud, la educación, la cultura, el desarrollo económico y una serie de otros objetivos beneficiosos para el público. Reflejando esto, en septiembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración del Milenio. Allí se enfatizó la importancia de los derechos humanos y el valor de “las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general”.
El impulsor específico que restringe el espacio variará de un país a otro, según el gobierno y los líderes políticos actúen por una variedad de motivaciones. Al mismo tiempo, se pueden identificar varios impulsos que han promovido la represión mundial contra la sociedad civil:
- El crecimiento dramático y el poder demostrado de la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil durante los años noventa;
- La creciente prioridad otorgada al antiterrorismo y la seguridad nacional por los gobiernos de todo el mundo;
- Un cambio en las relaciones de poder global, que ha reducido la influencia de los gobiernos occidentales y las instituciones multilaterales tradicionales y ha dado lugar a desafíos para el modelo democrático liberal;
- La creciente colusión entre las élites políticas y económicas para proteger sus intereses contra la supervisión o la crítica; y
- El aumento del extremismo ideológico y religioso, que resulta en entornos cada vez más hostiles para los defensores de los grupos vulnerables, incluidos los que representan a mujeres, LGBTI, minorías y otros.
En los últimos años, varios países han visto un aumento en el populismo político intolerante. Estos movimientos populistas parecen presagiar una mayor reducción del espacio cívico, incluso en las democracias establecidas. Esto puede animar a los gobiernos autoritarios a restringir aún más a la sociedad civil.
Como es probable que estemos en la cúspide de una nueva ola de restricciones en la sociedad civil, el compromiso de los gobiernos donantes, como voces creíbles y basadas en principios sobre temas del espacio cívico, es más importante que nunca.