Observatorio de narrativas de la Sociedad Civil
RACI creó el Observatorio de Narrativas de la Sociedad Civil para analizar cómo se habla de las organizaciones en América Latina y seguir los cambios legales que afectan su trabajo. Sus primeros tres reportes reunieron 48 piezas discursivas y comenzaron a mostrar un patrón regional: el financiamiento internacional, la incidencia pública y la autonomía de las organizaciones ocupan un lugar central en la disputa por su legitimidad.
Una regulación restrictiva rara vez aparece sin contexto. Antes de que se cree un registro especial, se limite el acceso al financiamiento, se multipliquen los controles o se sancione a una organización, suele circular un conjunto de argumentos que presenta esas medidas como necesarias.
En distintos países de América Latina, las organizaciones de la sociedad civil son señaladas como representantes de “intereses extranjeros”. La cooperación internacional se asocia con la injerencia, la incidencia pública se confunde con la actividad partidaria y la defensa de derechos se presenta como un obstáculo para el desarrollo.
Estas expresiones pueden parecer aisladas. Sin embargo, cuando se repiten, son amplificadas por actores con capacidad de instalar temas y se incorporan al debate público, pueden modificar la manera en que una sociedad percibe a sus organizaciones. También pueden crear las condiciones para que medidas antes consideradas desproporcionadas comiencen a parecer razonables.
Para observar esos procesos creamos el Observatorio de Narrativas de la Sociedad Civil, el proyecto más reciente de RACI, desarrollado en el marco de Reimaginando el Futuro de la Sociedad Civil.
Durante los últimos años, buena parte del seguimiento sobre el espacio cívico se concentró, con razón, en las leyes, regulaciones y decisiones administrativas que afectan a las organizaciones. Estos instrumentos permiten identificar restricciones concretas y evaluar sus consecuencias.
Pero cuando una norma ya fue aprobada, el proceso que la hizo posible puede llevar mucho tiempo en marcha.
Por eso, el Observatorio incorpora una pregunta previa: ¿qué se estaba diciendo sobre la sociedad civil antes de que esa restricción fuera aceptada?
Las narrativas influyen sobre la legitimidad de las organizaciones, la confianza pública, sus posibilidades de construir alianzas y el reconocimiento de su aporte. No reemplazan el análisis jurídico ni explican por sí solas una decisión política, pero ayudan a comprender el clima en el que esa decisión se produce.
El objetivo no es reaccionar frente a cada declaración ni elaborar un inventario de expresiones negativas. Buscamos detectar patrones, conocer quiénes impulsan determinados marcos, observar cómo circulan y analizar qué efectos pueden tener sobre el trabajo del sector.
También nos interesa identificar las narrativas que legitiman a la sociedad civil: aquellas que reconocen su capacidad para ampliar derechos, acercar soluciones a las comunidades, producir conocimiento, participar en políticas públicas y canalizar la participación ciudadana.
El Observatorio trabaja con una metodología comparada y multipaís que combina análisis documental, monitoreo de medios y seguimiento de los marcos regulatorios.
La primera dimensión observa las narrativas que circulan sobre la sociedad civil en medios de comunicación, declaraciones públicas, comunicaciones estatales y documentos legislativos. Cada pieza se analiza teniendo en cuenta quién habla, cómo caracteriza a las organizaciones, qué conceptos utiliza y qué interpretación propone sobre su trabajo.
La codificación permite distinguir entre narrativas estigmatizantes, legitimadoras, neutrales y neutrales con efecto restrictivo. También identifica encuadres relacionados con la soberanía y la injerencia, la seguridad, la transparencia, el financiamiento internacional, los derechos y la democracia.
La segunda dimensión sigue las leyes, los proyectos legislativos y las medidas administrativas que pueden afectar a las organizaciones. El relevamiento contempla los requisitos de registro, las obligaciones de información, los controles sobre los recursos provenientes del exterior, las facultades de sanción y las posibles restricciones a la personería jurídica, la incidencia o el litigio.
Analizar ambas dimensiones en conjunto permite reconocer las relaciones entre los discursos y las decisiones institucionales. No se trata de afirmar que toda narrativa deriva necesariamente en una restricción, sino de observar cuándo determinados argumentos comienzan a utilizarse para justificar un mayor control sobre la sociedad civil.
Once países y distintas formas de limitar
El Observatorio monitorea Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
La selección permite comparar países con marcos jurídicos, sistemas políticos y situaciones del espacio cívico diferentes. Ese contraste es importante porque en América Latina no existe un único modelo de restricción.
En algunos casos se crean registros especiales para organizaciones que reciben cooperación internacional. En otros, se imponen nuevas cargas administrativas, se amplían las facultades estatales de fiscalización, se restringe la participación en asuntos públicos o se habilitan sanciones que pueden incluir el congelamiento de cuentas y la cancelación de personerías jurídicas.
El relevamiento regional muestra que ocho de los once países analizados cuentan con algún marco restrictivo vigente. Argentina y Brasil presentan proyectos o tendencias que requieren seguimiento, mientras que Uruguay funciona como un caso de comparación positiva.
Estas diferencias permiten evitar generalizaciones. Las condiciones no son iguales en toda la región y tampoco todas las regulaciones producen los mismos efectos. Comparar ayuda a reconocer patrones compartidos sin perder de vista las particularidades de cada país.
Primeros informes
Entre junio y agosto de 2026, los primeros tres informes del Observatorio analizaron 48 piezas discursivas provenientes de medios de comunicación, organismos públicos, documentos legislativos y declaraciones verificables.
El número de hallazgos fue creciendo: el reporte de junio reunió 13 piezas correspondientes a ocho países; el de julio analizó 17 piezas de diez países; y el de agosto incorporó 18 piezas de los once países monitoreados.
Esta cantidad refleja la densidad del debate público registrado durante cada mes. No funciona como un ranking ni significa que los países con más piezas tengan necesariamente un marco normativo más grave. En contextos muy cerrados, la falta de información también puede estar relacionada con la censura, la autocensura o la escasa visibilidad pública de las restricciones.
Aun con esas diferencias, los tres informes permiten reconocer una secuencia que aparece con distintos vocabularios:
financiamiento o cooperación internacional → sospecha de dependencia → presunción de influencia política → mayores controles o pérdida de legitimidad.
Junio: el control presentado como un procedimiento técnico
El primer reporte mostró cómo términos como registro, identificación de integrantes, trazabilidad, inteligencia financiera y prevención del lavado pueden utilizarse para presentar controles diferenciados como simples procedimientos administrativos.
Durante ese mes, la discusión sobre transparencia convivió con debates acerca de la soberanía y la seguridad financiera. Argentina y Paraguay concentraron la mayor cantidad de piezas, mientras que Brasil presentó una de las narrativas estigmatizantes más explícitas. En contraste, Uruguay mostró a las organizaciones como participantes legítimas en la construcción de políticas públicas.
Uno de los principales aprendizajes fue que una narrativa no necesita atacar abiertamente a la sociedad civil para producir efectos restrictivos. También puede hacerlo mediante un lenguaje aparentemente neutral que naturaliza cargas desproporcionadas o amplía la discrecionalidad estatal.
Julio: del origen de los recursos a la sospecha política
En julio, el financiamiento extranjero ganó todavía más centralidad. La pregunta legítima acerca de quién financia una iniciativa comenzó a desplazarse hacia una conclusión diferente: a quién representaría políticamente la organización que recibe esos recursos.
En Argentina y Brasil, esta presunción apareció vinculada con la idea de “intereses extranjeros”. En Ecuador y Nicaragua, el control de las organizaciones comenzó a incorporarse a estructuras y políticas relacionadas con la seguridad. Paraguay, El Salvador y Perú mostraron, en cambio, cómo los marcos ya aprobados empezaban a trasladarse a formularios, registros y procedimientos cotidianos.
El mismo reporte identificó narrativas que ofrecieron otra mirada. En Guatemala, Uruguay y Venezuela, las organizaciones aparecieron como participantes de políticas públicas, redes de respuesta frente a emergencias y actores con capacidad para producir información y sostener a sus comunidades.
Agosto: quién puede participar en los asuntos públicos
El informe de agosto registró una disputa más directa sobre la legitimidad de la incidencia de la sociedad civil.
En Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú circularon piezas que relacionaron a las organizaciones con financiamiento o intereses extranjeros, influencia política y necesidad de fiscalización. Al mismo tiempo, en varios países aparecieron narrativas que defendieron la autonomía asociativa y presentaron a la sociedad civil como infraestructura democrática, agente de desarrollo y actor legítimo en la defensa de derechos.
Bolivia fue uno de los casos más ilustrativos porque ambas posiciones circularon durante el mismo mes: mientras algunas piezas vincularon el monitoreo de recursos con sospechas de desestabilización, otras alertaron sobre los riesgos del control excesivo y defendieron la libertad de asociación.
El contraste entre Argentina y Guatemala también mostró que una misma causa puede ser narrada de maneras opuestas. La acción ambiental puede presentarse como interferencia extranjera y obstáculo para el desarrollo o como una forma legítima de defender derechos frente a actividades extractivas.
Los informes completos permiten recorrer cada caso, conocer las fuentes y observar cómo estas tendencias se expresan de manera diferente en los once países.
El análisis de las narrativas exige una distinción fundamental. Conceptos como transparencia, soberanía, rendición de cuentas o seguridad no son negativos en sí mismos.
Las organizaciones deben actuar con responsabilidad, cumplir la normativa y explicar cómo administran sus recursos. La transparencia es indispensable para construir confianza y fortalecer al sector.
El problema aparece cuando estas ideas se utilizan de manera selectiva para instalar sospechas sobre determinados actores, imponerles requisitos desproporcionados o limitar actividades legítimas. Transparencia no es lo mismo que fiscalización selectiva. Recibir cooperación internacional no equivale a representar intereses extranjeros. Realizar incidencia pública tampoco convierte a una organización en un partido político.
El Observatorio no busca evitar la crítica hacia la sociedad civil. Busca aportar elementos para diferenciar una discusión legítima sobre su responsabilidad de una narrativa que cuestiona su derecho a participar.
Comprender, cuestionar y disputar
El Observatorio está pensado como un recurso para las organizaciones de la sociedad civil, pero también para periodistas, investigadores, actores de la cooperación internacional y todas las personas interesadas en la calidad de nuestras democracias.
Las organizaciones pueden utilizarlo para reconocer riesgos, conocer experiencias de otros países y revisar sus propias estrategias de comunicación. Quienes investigan o informan sobre el sector pueden acceder a categorías de análisis, casos y fuentes. Los actores de la cooperación pueden comprender mejor las condiciones en las que trabajan sus organizaciones aliadas.
La plataforma reúne reportes mensuales, fichas por país y un glosario con los principales conceptos que aparecen en los debates sobre sociedad civil, cooperación y espacio cívico.
El Observatorio no pretende ofrecer respuestas definitivas. Busca formular mejores preguntas, aportar evidencia y seguir procesos que muchas veces solo reciben atención cuando sus consecuencias ya son visibles.
Porque discutir cómo se habla de la sociedad civil no es una conversación que le corresponda únicamente al sector. Es discutir qué lugar tienen la participación ciudadana, la organización colectiva y la defensa de derechos en nuestras democracias.
Conocé el Observatorio de Narrativas de la Sociedad Civil en observatorio.raci.org.ar.