Preocupaciones frente al proyecto de Ley de Gestión de Intereses
Florencia Ruiz Morosini, Presidenta del Comité Ejecutivo de RACI, participó en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para presentar la postura de la red frente a una iniciativa que podría afectar el trabajo cotidiano de las organizaciones de la sociedad civil.
En el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, distintas organizaciones de la sociedad civil fueron convocadas a exponer sus posturas ante las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. En representación de RACI, participó Florencia Ruiz Morosini, Presidenta de nuestro Comité Ejecutivo, quien presentó las principales preocupaciones de la red respecto del alcance y los posibles impactos de la iniciativa.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, busca regular las interacciones entre ciudadanos, organizaciones, funcionarios y legisladores. Si bien se presenta como una herramienta para fortalecer la transparencia, su redacción excede ampliamente la regulación del lobby empresarial y alcanza a cualquier persona u organización que busque participar, incidir o realizar aportes en procesos de formulación de políticas públicas.
Desde RACI sostenemos que la transparencia en la toma de decisiones públicas es un objetivo legítimo y necesario para fortalecer la democracia. Sin embargo, una regulación de este tipo debe distinguir claramente entre el lobby corporativo orientado a intereses privados y la incidencia cívica que realizan las organizaciones sociales en defensa de derechos, demandas colectivas y problemas públicos.
Reunirse con legisladores, enviar notas a funcionarios, presentar propuestas, monitorear políticas públicas o participar del debate público son actividades habituales en una democracia. Para las organizaciones de la sociedad civil, no se trata de privilegios ni de gestiones excepcionales, sino de herramientas fundamentales para canalizar demandas sociales, acercar evidencia, representar intereses colectivos y contribuir al diseño de mejores políticas públicas.
Una de las principales preocupaciones señaladas por las organizaciones es que el proyecto equipara bajo un mismo régimen a actores de naturaleza muy diferente, sin contemplar las desigualdades de recursos, capacidades institucionales y objetivos que existen entre empresas, organizaciones sociales, colectivos comunitarios, redes, movimientos, centros de estudiantes, iglesias, universidades o grupos de personas afectadas por determinadas problemáticas.
Además, el texto incorpora obligaciones de registro, reportes periódicos y sanciones administrativas y penales que podrían generar barreras burocráticas significativas, especialmente para organizaciones pequeñas o con menor estructura. En lugar de ampliar la participación, una regulación de estas características podría producir un efecto disuasorio: que muchas organizaciones reduzcan su actividad pública o limiten su vínculo con el Estado por temor a incumplimientos formales o posibles sanciones.
Otro punto especialmente sensible es el tratamiento de las organizaciones que reciben cooperación internacional. El proyecto introduce controles más exhaustivos para quienes actúen en representación de “intereses extranjeros”, incluyendo en esa categoría a organizaciones financiadas por organismos, fundaciones o redes internacionales. Recibir financiamiento internacional no implica representar intereses extranjeros. La sociedad civil argentina trabaja en Argentina, con comunidades argentinas, sobre problemáticas argentinas y en defensa de intereses públicos y colectivos.
En paralelo a la participación en el Congreso, RACI acompañó la difusión de un comunicado colectivo impulsado por organizaciones miembro, que advierte sobre los riesgos que el proyecto podría generar para la participación ciudadana, la autonomía de la sociedad civil y el espacio cívico en Argentina. El documento plantea que la transparencia no debe convertirse en una herramienta de vigilancia ni en un obstáculo para la participación democrática.
Durante su intervención, Florencia Ruiz Morosini expresó que, en estas condiciones, el proyecto no debería ser aprobado por resultar dañino para el trabajo que realiza la sociedad civil en defensa de derechos, comunidades y causas de interés público.
Desde RACI reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento democrático. Al mismo tiempo, sostenemos que una democracia plural y participativa necesita una sociedad civil libre, independiente y no coaccionada. Regular el lobby empresarial no puede implicar restringir la participación ciudadana ni criminalizar la incidencia cívica.