Florencia Ruiz Morosini, Presidenta del Comit\u00e9 Ejecutivo de RACI, particip\u00f3 en el plenario de comisiones de la C\u00e1mara de Diputados para presentar la postura de la red frente a una iniciativa que podr\u00eda afectar el trabajo cotidiano de las organizaciones de la sociedad civil.<\/b><\/p>\n
En el marco del tratamiento del proyecto de <\/span>Ley de Transparencia y Publicidad de la Gesti\u00f3n de Intereses<\/b>, distintas organizaciones de la sociedad civil fueron convocadas a exponer sus posturas ante las <\/span>comisiones de la C\u00e1mara de Diputados de la Naci\u00f3n<\/span><\/a>. En representaci\u00f3n de RACI, particip\u00f3 <\/span>Florencia Ruiz Morosini<\/b>, Presidenta de nuestro Comit\u00e9 Ejecutivo, quien present\u00f3 las principales preocupaciones de la red respecto del alcance y los posibles impactos de la iniciativa.<\/span><\/p>\n El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, busca regular las interacciones entre ciudadanos, organizaciones, funcionarios y legisladores. Si bien se presenta como una herramienta para fortalecer la transparencia, su redacci\u00f3n excede ampliamente la regulaci\u00f3n del lobby empresarial y alcanza a cualquier persona u organizaci\u00f3n que busque participar, incidir o realizar aportes en procesos de formulaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas.<\/span><\/p>\n Desde RACI sostenemos que la transparencia en la toma de decisiones p\u00fablicas es un objetivo leg\u00edtimo y necesario para fortalecer la democracia. Sin embargo, una regulaci\u00f3n de este tipo debe distinguir claramente entre el lobby corporativo orientado a intereses privados y la incidencia c\u00edvica que realizan las organizaciones sociales en defensa de derechos, demandas colectivas y problemas p\u00fablicos.<\/span><\/p>\n Reunirse con legisladores, enviar notas a funcionarios, presentar propuestas, monitorear pol\u00edticas p\u00fablicas o participar del debate p\u00fablico son actividades habituales en una democracia. Para las organizaciones de la sociedad civil, no se trata de privilegios ni de gestiones excepcionales, sino de herramientas fundamentales para canalizar demandas sociales, acercar evidencia, representar intereses colectivos y contribuir al dise\u00f1o de mejores pol\u00edticas p\u00fablicas.<\/span><\/p>\n Una de las principales preocupaciones se\u00f1aladas por las organizaciones es que el proyecto equipara bajo un mismo r\u00e9gimen a actores de naturaleza muy diferente, sin contemplar las desigualdades de recursos, capacidades institucionales y objetivos que existen entre empresas, organizaciones sociales, colectivos comunitarios, redes, movimientos, centros de estudiantes, iglesias, universidades o grupos de personas afectadas por determinadas problem\u00e1ticas.<\/span><\/p>\n Adem\u00e1s, el texto incorpora obligaciones de registro, reportes peri\u00f3dicos y sanciones administrativas y penales que podr\u00edan generar barreras burocr\u00e1ticas significativas, especialmente para organizaciones peque\u00f1as o con menor estructura. En lugar de ampliar la participaci\u00f3n, una regulaci\u00f3n de estas caracter\u00edsticas podr\u00eda producir un efecto disuasorio: que muchas organizaciones reduzcan su actividad p\u00fablica o limiten su v\u00ednculo con el Estado por temor a incumplimientos formales o posibles sanciones.<\/span><\/p>\n Otro punto especialmente sensible es el tratamiento de las organizaciones que reciben cooperaci\u00f3n internacional. El proyecto introduce controles m\u00e1s exhaustivos para quienes act\u00faen en representaci\u00f3n de \u201cintereses extranjeros\u201d, incluyendo en esa categor\u00eda a organizaciones financiadas por organismos, fundaciones o redes internacionales. Recibir financiamiento internacional no implica representar intereses extranjeros. La sociedad civil argentina trabaja en Argentina, con comunidades argentinas, sobre problem\u00e1ticas argentinas y en defensa de intereses p\u00fablicos y colectivos.<\/span><\/p>\n