La Agenda de Desarrollo 2030 ha definido 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas, que fueron aprobadas por los 193 estados miembros de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. Hoy, a tres años de su implementación, hacemos un rápido repaso de cómo se posiciona Argentina en la ardua tarea de mejorar su realidad en los próximos 12 años.
Así como cada uno de los países debió adaptar los ODS a su realidad y necesidades, la Argentina seleccionó las metas prioritarias dentro de los 17 ODS, de acuerdo a un gran objetivo aspiracional: eliminar la pobreza. Para ello, llevó adelante un trabajo en conjunto entre los ministerios y organismos gubernamentales, el INDEC, los poderes Judicial y Legislativo, la Sociedad Civil y el sector empresarial. Las metas fueron asignadas según las competencias y objetivos de cada ministerio de manera que cada organismo tuviera, al menos, una meta a cargo.
Para seleccionar las metas, además de la eliminación de la pobreza, se tuvieron en cuenta los siguientes objetivos de gobierno:
- Estabilidad macroeconómica
- Acuerdo productivo nacional
- Desarrollo de infraestructura
- Desarrollo humano sustentable
- Combate al narcotráfico y mejora de la seguridad
- Fortalecimiento institucional
- Modernización del Estado
- Inserción inteligente al mundo
Algunos de los avances generales que se hicieron entre 2015 y 2017:
El 13 de junio de este año, Argentina presentó el Informe País Argentina 2018 adhiriendo al compromiso adquirido por todas las naciones firmantes de las Naciones Unidas de “participar en un proceso sistemático de seguimiento y examen de la implementación de la presente Agenda durante los próximos 15 años”. A partir de los datos publicados, vemos que:
- Se redujo de 6,10 al 4,8% la proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de indigencia y del 30,3 a 25,7% la proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza.
- Se incrementó la cantidad de mujeres en el Senado, de un 38 a un 42%.
- Se consiguió que un 99,3% de la población total tuviera acceso a la electricidad.
- Se invirtió en 5000 km de autopistas y 37.800 kilómetros de rutas de la red troncal primaria de jurisdicción
Lo urgente: abastecer a la sociedad de agua y energía
Uno de los objetivos que priorizó la Argentina desde la definición de los ODS fue el de garantizar la disponibilidad universal de agua y así lo transmitió en su último Informe País. Las últimas estadísticas nacionales revelaban que, hasta el año 2010, el 87% disponía de acceso al agua a una red pública y el 58% tenía servicios de desagües cloacales. Ante estas cifras, el gobierno se propuso una meta intermedia: conseguir el acceso del 100% de las personas al agua potable a través de la red pública e incorporar al 75% al sistema cloacal para el 2023. Esto implicará incorporar a 8.2 millones de personas a la red de agua corriente y a 8.9 millones de personas a la red cloacal, a través de una inversión de 22.000 millones de dólares.
Para hacerlo, las autoridades gubernamentales pusieron en marcha el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PNAPyS) y se conformaron 18 comités de cuenca que favorecen la gestión integrada de los recursos provinciales.
Otro de los desafíos que priorizó nuestro país fue garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Actualmente, la cobertura básica de electricidad nacional es del 98,8% de la población. La meta para el año 2019 es incrementar al 99,3% y para el año 2030 al 99,5%. A través del Programa Hogar, con especial foco en las zonas rurales, se espera beneficiar a 2,8 millones de hogares y a más de 2200 municipios. A su vez, dentro de este objetivo, se puso en funcionamiento el Plan RenovAr que tiene como objetivo reducir el consumo de biocombustibles fósiles y aumentar el alcance de las energías renovables en un 16,3% para 2030.
Vivienda y transporte: los cambios que mejorarían dos grandes deudas
Dentro de los ODS, un punto sensible para la Argentina es el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros, asequibles y el mejoramiento de los barrios marginales. Con 3,5 millones de viviendas deficitarias, el gobierno delineó un Plan Nacional de Vivienda para facilitar los mecanismos de crédito y subsidios a los que lo necesiten. Hasta 2016, había 65 mil viviendas en ejecución y una proyección de 120 mil más. Además, en línea con este objetivo, durante el año 2017 se realizaron avances en el acceso conveniente al transporte público: se finalizaron tres metrobuses (La Matanza, Tres de Febrero y Santa Fe), se asfaltaron 220 kilómetros de calles de tierras en el conurbano bonaerense y se implementaron descuentos a través de la Red Sube para quienes realizan combinaciones de transporte público. Estos proyectos fueron abordados en una infografía incluida elaborada por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
A pesar de los avances, a la Argentina todavía le quedan muchos pendientes para 2030
Además, al país aún le quedan varios puntos fundamentales en los que no ha demostrado avances significativos. Entre ellos:
- Aún existe un 4,8% de la población que vive debajo del umbral nacional de indigencia.
- A pesar de la reducción, todavía un 25,5% vive bajo el umbral de la pobreza.
- El 52.4% de la población tiene miedo de caminar en la zona en la que vive.
- Solo el 66,5% de los hogares pobres reciben asistencia para la adquisición de alimentos.
- Aún falta para alcanzar el 100% en la tasa de promoción efectiva en educación secundaria; hasta el 2016, el porcentaje estaba en 81,06%.
- La tasa de ocupación registrada es solo del 44% y la de empleo no registrado alcanza un 33,6%.
- Aún no se definieron metas claras para asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas de agua dulce.
- El gobierno debe afrontar la falta en la agilidad de datos actualizados. En la mayoría de los casos, los últimos datos pertenecen a los obtenidos entre 2013 y 2015. A la hora de demostrar los avances en materia de ODS, es fundamental contar con un seguimiento preciso.
Un desafío común con la región: financiar los ODS
El cumplimiento de los 17 ODS plantea grandes desafíos para Latinoamérica en materia de movilización de recursos. En una región donde 28 de los 33 países son considerados de renta media, el financiamiento público es insuficiente para alcanzar todos los objetivos planteados y, para lograrlo, no queda más alternativa que recurrir al financiamiento externo. En otras palabras, los países latinoamericanos afrontan el reto de combinar recursos privados y públicos y buscar fuentes innovadoras que les permitan cumplir con los objetivos para 2030.
De acuerdo a datos brindados por la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible de la ONU, los países con ingresos medios y bajos deberían recibir, en promedio, 1.4 millones de dólares al año para combatir la pobreza e invertir en salud, educación, agricultura, energía, infraestructura y alimentos. ¿Qué alternativa tienen los países por delante para alcanzar este monto? Buenas políticas internas que planteen la necesidad de sistemas tributarios que financien el desarrollo sostenible y marcos regulatorios efectivos que controlen que la recaudación impositiva efectivamente se destine al progreso de los ODS. A su vez, el informe del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, afirman sobre la importancia de reducir sustancialmente la corrupción en la región.
Actores y alianzas claves para lograr el financiamiento latinoamericano
En América Latina, la inversión privada se ha convertido en la principal fuente de financiamiento, especialmente a través de la Inversión Extranjera Directa (IED). En la última década, la IED representó un 46% del total de los flujos en América Latina y el Caribe y el dinero fue mayormente dirigido a sectores vinculados a recursos naturales y servicios. Otros de los flujos fundamentales para el desarrollo de la región son los de cartera, que incluyen títulos de participación y de deuda, y que han llegado a representar el 7% del total de la región. La contracara de estas inversiones es la dependencia al capital extranjero que les ha generado a los países en el corto plazo y la disminución de los flujos oficiales. En los últimos diez años, disminuyeron de 19,9 a 13,2 millones de dólares y solo representan un 4,8% de los flujos totales.
Dada la creciente importancia de los flujos privados y de cartera, un reto clave para los gobiernos consiste en encontrar la forma de movilizar estos recursos hacia el cumplimiento de los ODS. Los flujos privados deben combinarse con los públicos para lograr el apalancamiento necesario para el desarrollo, pero esto aún es difícil de lograr porque el capital privado funciona con una lógica distinta al público y está motivado, en general, por el beneficio económico, lo que puede ocasionar que la inversión sea insuficiente en áreas cruciales para el desarrollo sostenible. En este contexto, el sector público debe desempeñar un papel cada vez más relevante y beneficiar a sectores que no atraen suficiente capital privado y crear un entorno favorable para que aquel capital se dirija también hacia las actividades que promueven los ODS.
Ante la dificultad del mercado para atender a todas las soluciones sociales y las limitaciones del Estado, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) juegan un papel clave para contribuir al éxito de los 17 ODS. Según el informe “Rendir cuentas” de 2017, el 65% de las OSC genera sus propios recursos y destina el 90% de ellos a sus programas de desarrollo. Principalmente, la comunidad de la Sociedad Civil es la mejor aliada de las políticas públicas, no solo por su rol de monitoreo, sino por todos los casos en los que el Estado acude a la ayuda del tercer sector para implementar dichas políticas.
Además, proporcionan servicios en diferentes áreas que complementan el trabajo del Estado, invirtiendo esfuerzos en recursos técnicos y en experiencia. A la par del crecimiento en cantidad de profesionales y voluntarios en el sector y su compromiso social, las Organizaciones de la Sociedad Civil han evolucionado e innovado de acuerdo a las exigencias del contexto lo que les permitió mantenerse vigentes a pesar de las distintas contingencias locales e internacionales, siempre priorizando e involucrando a las comunidades más relegadas.
En suma, la articulación de esfuerzos entre el sector público, privado y la Sociedad Civil resultan determinantes para la concreción de la Agenda. Solo identificando las capacidades y aptitudes de cada uno y logrando un abordaje complementario e integral de cada una de las problemáticas que nos aquejan, estaremos alcanzando cambios estructurales sin dejar a nadie atrás.
